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Riesgos de la Transacción Extrajudicial

Foto tomada de la Fuente PEXELS

Diariamente en los despachos notariales se suscriben transacciones extrajudiciales, sólo con firmas legalizadas, después de una negociación informal entre personas que no siempre son asistidas por un profesional. Esta práctica puede llevar a grandes riesgos: el documento se puede extraviar, los autores fallecer y dejar en la orfandad a sus herederos. A ello se suma la laxitud de su contenido pues pueden versar sobre un paquete accionario, trasiego de dinero o transferencia de propiedad sin información a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Tan semejante situación solo puede ser superada por una escritura pública, cuyo costo no es significativo y más bien, brinda protección a las partes, facilita el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y brinda seguridad jurídica.

La transacción permite crear otras figuras, como lo permite el segundo párrafo del artículo 1302 del Código Civil. Asimismo, «…debe contener la renuncia de las partes a cualquier acción que tenga una contra otra …»; (art. 1303 C.C.); esto es, las partes, luego de haber llegado a un acuerdo, están impedidas de ventilar el pleito ante cualquier instancia, ya que teniendo la calidad de cosa juzgada, lo decidido resulta inmutable e irrevisable por otra instancia o fuero. Eso significa que la ley otorga a las partes capacidad para solucionar sus conflictos, a través de diversas figuras extintivas, como la compensación, novación, o la condonación.

 Reconociendo que los notarios están facultados y pueden participar en las escrituras públicas sobre transacciones extrajudiciales de cualquier tipo, como la división y partición derivadas de la masa hereditaria, no vemos ninguna dificultad que esa facultad se extienda a cualquier otro acto que convengan los ciudadanos. Tampoco una prohibición o limitación, más aún cuando lo que se busca es revestir de seguridad jurídica a actos que puedan tener un gran contenido patrimonial y ser generadores de derechos expectaticios.

Sin embargo, para mayor precisión diremos que el ámbito dentro del cual puede ser efectiva y eficaz esta función es en el régimen testamentario, societario y en el actual esquema informal de transacción extrajudicial estableciendo que sean mediante escritura pública cuando el monto es mayor a dos UIT, tal como ocurre en el régimen de poderes.

 La negociación y la mediación son más efectivas que otros mecanismos (arbitraje o conciliación) pues es rápida y solidaria. Las mismas partes colaboran para alcanzar la solución. Optan voluntariamente por una fórmula de entendimiento y deciden. Ellos mismos escogen o actúan como negociadores, seleccionan el método, se hacen recíprocas concesiones y logran conocer sus necesidades. El acuerdo se perfila conjuntamente.

El derecho procesal reconoce la autonomía de las partes para celebrar acuerdos que los desliguen de las normas establecidas por los códigos e, incluso, a diseñar reglas para solucionar sus controversias. Las partes pueden, antes o dentro de un litigio y sin requerir la intermediación de ningún otro agente, diseñar, crear, modificar o extinguir determinadas situaciones jurídicas. Esto no es nuevo y se ha utilizado para dar paso al arbitraje, a fin de distribuir la carga de la prueba, elegir el foro o definir los deberes y obligaciones.

La función notarial, reviste particular relevancia para la realización del derecho, a través de la escritura pública. En tal razón, emite afirmaciones, juicios de notoriedad, apreciación sobre la capacidad, legitimidad e identidad de las partes, da forma a la voluntad de las personas y califica el acto. Está capacitado para asistir a las partes en un proceso de negociación y mediación.

El acuerdo, derivado de una negociación o mediación, que es también la transacción, debe hacerse en escritura pública, tal como lo preveía el Código Civil de 1936 y no en documento privado como es ahora. Ello posibilitará la transparencia, la acción de la UIF, y así evitar que personas mal intencionadas oculten decisiones sospechosas. De manera que el instrumento público deviene en ventaja tangible para consagrar acuerdos aun cuando sus otorgantes no estén en este mundo, resguardando los derechos de terceros, brindando seguridad jurídica a los intervinientes y reforzando los esfuerzos de transparencia e integridad que recomienda la OECD  desde el 2010; y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (septiembre 2015), cuyo objetivo es promover sociedades justas, pacificas e inclusivas.

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